El cambio climático y la seguridad nacional

El cambio climático se presenta como un riesgo muy serio en el intento de reducir la pobreza y amenaza con impedir el desarrollo social y económico de las naciones. De seguir la tendencia actual, para el año 2050 este fenómeno reducirá un 25% el área cultivable del país, la mitad de los ecosistemas de bosques tendrán vegetación de climas más secos1, mientras que la desertificación y las sequías serán tan severas y extensas que, según el Banco Mundial, afectarán al 80 por ciento de la población en rápido crecimiento de México, es decir aquella población concentrada en las áreas del norte y centro, las cuales representan más del 80% del PIB, más del 90% por ciento de la irrigación y el 75% de la actividad industrial. La inactividad implica costos pagaderos a futuro. La Organización Meteorológica Mundial señala que la prevención de desastres cuesta seis veces menos que la respuesta a emergencias, las cuales pueden representar una pérdida de 5 a 20% del PIB de México.

Ante esta situación, México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) de 1992, misma que ratificó en 1993. De igual forma, en el 2002 ratificó el Protocolo de Kioto mediante el cual los países desarrollados y economías en transición se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un promedio de 5.2% con respecto a 1990 para el periodo de compromiso 2008-2012. A fin de alcanzar la meta propuesta se crearon mecanismos de mercado para aminorar el costo de aplicación de las medidas. Uno de ellos es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el cual permite a los países con metas de reducción de GEI adquirir a costos menores proyectos ejecutados en países en desarrollo y así recortar sus emisiones. A nivel internacional la participación de México ha sido activa. Sin embargo, al interior del país los resultados en cuanto a la aplicación de estrategias sobre vulnerabilidad, mitigación y adaptación al fenómeno han sido escasos. Los retos técnicos, ambientales y económicos asociados al cambio climático se pueden superar de manera más fácil si se fortalece la gobernabilidad ambiental y se establece una articulación efectiva entre las instituciones del Estado Mexicano y los distintos sectores de la sociedad.